El liberalismo ha sabido reconocer particularismos cuando le ha convenido. Desde el voto censitario hasta el juicio de amparo, la igualdad jurídica de los individuos ha podido esperar sin que esto represente una amenaza al orden liberal, sino todo lo contrario. De repente, cuando los indígenas reclaman una legislación afirmativa a través de los usos y costumbres (para proteger sus recursos económicos, pero también su autonomía política), los liberales hacen abstracción de la historia y acusan a los indígenas de pecados que hasta hace muy poco ellos cometían (como la inequidad de género). Es cierto que los pueblos indígenas de México acusan lastres sociales y políticos inadmisibles, que no sólamente son juzgables a partir de criterios positivos sino normativos. Pero ¿qué usos corresponden a una identidad indígena y cuáles son resultado de la marginación? ¿qué derechos merecen a partir de las injusticias a las que se han visto sometidos y cuál es la mejor manera de devolverles la dignidad política que perdieron con la violencia y la servidumbre? La posibilidad, y garantía, de que puedan tomar sus propias decisiones políticas, en lo que a su comunidad atañe, no es un derecho menor ni carece de contenido real y tiene que ser defendida de manera rigurosa para evitar caer en charlatanerías o en ingenuidades. Parece que he descubierto un tema que me gusta, capaz de reunir la filosofía política con el gobierno local. Veamos a dónde me lleva.
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